Posted on 04/10/2013 by Javier Jiménez Espriú

A los Miembros de las Cámaras de Senadores y Diputados.

Presente.

A través de la prensa nacional primero y después por una llamada de un Senador amigo, me enteré de la intención de los organizadores de los “Foros Parlamentarios para la Reforma Energética” de invitarme a participar en ellos,  para exponer los argumentos en los que baso mi decidida oposición a la iniciativa presentada por el Ejecutivo de la Unión.

He declinado la posible invitación, y lo expreso porque se hizo pública, porque no estoy dispuesto a formar parte de lo que considero el “Coro de los Esclavos”, de una ópera en cuyo libreto está ya definido el desenlace.

Asistí a los Foros que con el mismo tema se organizaron en 2008 confiado, iluso de mí, en que  la fuerza de la razón y de los argumentos podría sacudir las conciencias de algunos legisladores y tener algún efecto frente a las consignas.

Fue inútil.  Que penosa es la muestra de sometimiento, de subordinación, de sumisión, de servilismo, de abyección, al que están sujetos quienes prefieren la comodidad de la servidumbre recompensada, a la lucha por la libertad de manifestación y de conciencia y a la defensa de los intereses nacionales.

Hoy, nada ha cambiado y las declaraciones del Secretario de Energía que expresa que “Habrá Reforma Energética pese a protestas” o la del Senador Penchyna que señala que debe haber Reforma Energética “al costo que sea” –que al fin tienen en el Congreso la mayoría necesaria-, dan el marco rígido y autoritario de lo que anuncian como “foro plural”, en el que “escucharán las voces disidentes”, como hace cinco años, para luego dar paso, a la brevedad, ignorándolas, como gritos perdidos en el desierto, a la aprobación legislativa correspondiente.

Cumplirán con el rito seudodemocrático, y en lo posible, dentro del calendario previsto por el Ejecutivo, intentarán dar el golpe de gracias a los Artículo 27 y 28 de la Constitución y a la Nación misma, para estar en posibilidad de entregar una parte sustantiva de la renta petrolera y legitimar la inconstitucional  entrega a la iniciativa privada extranjera, de la generación de energía eléctrica para servicio público ya consumada.

Pero mi decisión de no participar en esos Foros, en los que “todo estará bajo control”, no significa de manera alguna, abstención de mi parte a exponer los argumentos que me dan la convicción plena de que la propuesta es un enorme error histórico de gravísimas consecuencias para nuestra Nación, argumentos que, por otra parte, he dado a conocer y seguiré exponiendo, en decenas de Foros de toda índole, incluyendo dos en la Cámara de Senadores, con la presencia de muy contados legisladores y uno en la de Diputados, con la asistencia de no más de tres interesados  “representantes populares”.

Con esta idea, hago llegar a todos los Miembros de las dos Cámaras el presente  documento, que expresa  mis convicciones y preocupaciones y en el que señalo el porqué de mi postura en contra de lo que se pretende y expongo los argumentos que sustentan mi posición que, estoy convencido, coincide con la de la mayoría de los mexicanos, documento que haré público a través de todos los medios disponibles a mi alcance.

 

Atentamente

 

Javier Jiménez Espriú

Septiembre de 2013

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“La Privatización del Sector Energético”

 

Hace 20 años, al iniciarse un nuevo ataque para la privatización del sector energético, expresé, y lo vuelvo a reiterar hoy, por su plena vigencia, que los diagnósticos y planteamientos del Gobierno, para concluir que la privatización del Sector Energético o modernización, como le llaman,  es necesaria y para ello modificar los Artículos 27 y 28 de la Constitución, adolecían de múltiples defectos: insuficientes en el análisis económico, discutibles desde el punto de vista técnico, inconsistentes en el aspecto legal, ignorantes de contenido histórico, ayunos de sensibilidad política y carentes de patriotismo.

Menciono los seis aspectos, porque la industria petrolera y Pemex  no pueden analizarse a fondo, si se soslaya cualquiera de ellos, ya que  no se trata de una industria común.

Independientemente de que el Sector Energético es estratégico para cualquier Nación, el caso específico  de los hidrocarburos y de PEMEX, tienen para los mexicanos, connotaciones no únicamente económicas –que son desde luego de fundamental importancia-, sino de muy diversa y trascendental índole.

Pemex no sólo es la empresa que tiene a su cargo los más importantes recursos no renovables con que nos dotó la naturaleza, -aunque los hubiera escriturado el diablo- y cuyo cuidado consagra nuestra Carta Magna como área estratégica y de exclusividad del Estado Mexicano.

Pemex no es sólo una empresa productora de “commodities”. Es una entidad símbolo que se encuentra enraizada en el alma de los mexicanos. PEMEX es desde su nacimiento, la empresa emblemática de la soberanía nacional.

Su importancia económica, política -interna e internacionalmente- y social, es un todo inseparable.

La propuesta resulta inconsistente, porque surge de un procedimiento contrario a toda lógica. Se ha partido de la decisión de abrir  el Sector Energético a la inversión privada y a partir de esa decisión, se han acomodado premisas, argumentos, datos y diagnóstico –en ese orden – para sustentar la solución  decidida de antemano. .

Datos por otra parte sesgados y manipulados, acompañados de un lenguaje engañoso y de algunas verdades a medias que son sino mentiras dolosas. .

Cuán diferente es el Pemex que nos muestran como un organismo desahuciado, carcomido, irredento, cuya única salida es la terapia intensiva de los salvadores extranjeros y la empresa extraordinaria, pujante, rentabilísima, que ofrecen en la presentación a los Empresarios que quieren invitar a venir a invertir a México en la industria del petróleo. .

Porque es cierto que PEMEX está técnicamente quebrado; que las reservas de Cantarell declinan; que no tenemos toda la tecnología para perforar a grandes profundidades en el mar –aunque no estamos en cero-; que el Sindicato de PEMEX es enormemente oneroso – aunque esto no se menciona ni con el pétalo de una palabra, seguramente como consecuencia de un pacto para el Pacto-; que sólo tenemos petróleo para diez años con los actuales ritmos de explotación,  válido si ya no hacemos nada para probar nuevas reservas –que ofrecemos venir a probar y a explotar a los extranjeros- ni optimizamos la explotación de las probadas; que en PEMEX hay ineficiencias y corrupción; que se requiere una reforma de fondo.

Pero también es  verdad,  que no se exterioriza porque se opone a los intereses de quienes pretenden abrir la industria petrolera a la iniciativa privada, que PEMEX está técnicamente quebrada a propósito, con una cortedad de miras inaceptable y sin consideración de su potencial, ni de su importancia para el desarrollo del país, ni de sus necesidades de inversión, mantenimiento y modernización -para lo que es ampliamente solvente- y de protección de la soberanía de la Nación.

Así es,  desde hace más de tres décadas, se han instrumentado en nuestro país, en forma maquiavélica, políticas públicas destinadas a desmantelar las capacidades nacionales, principalmente en los organismos públicos, Pemex y CFE -al igual que Comunicaciones y Transportes y Recursos Hidráulicos-, por citar los más evidentes, con decisiones que, fundadas en la convicción de las autoridades en la falta de talento nacional, en una incapacidad innata para resolver nuestros propios problemas y en la necesidad de recurrir a otros para hacerlo, no hacen sino beneficiar a las empresas extranjeras.

En 1997, al recibir el grado de honor de la Academia Mexicana de Ingeniería, presenté un trabajo titulado El Futuro de México sin Ingeniería Mexicana.  En él, hacía yo una pregunta fundamental ¿Qué puede hacer una nación, sin ingeniería propia, sin capacidades científicas y tecnológicas? Y daba una respuesta que hoy se confirma correcta: seguramente otra vez, cambiar vidrios y espejos por los frutos de nuestras entrañas, aunque ya no usemos penachos, ni obtengamos nuestros títulos y grados en el Calmécac.

No hemos aprendido –decía-, una lección fundamental: la autodeterminación tecnológica es cuestión de supervivencia nacional.  La moderna tecnología de la dependencia es crear la dependencia de la tecnología.

Antes se invadían territorios, hoy se apropian industrias y mercados.  En esta guerra de conquista que hoy llamamos competencia, nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros contendientes o han aceptado sumisamente de ellos, el diseño  de nuestras estrategias.   ¿Qué diferencia hay entre el conquistador que empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro oro en el nombre del Rey, y el ejecutivo de la trasnacional que armado con una presentación de McKinsey y en connivencia con los modernos  Almontes, viene a buscar la cesión de la renta petrolera en favor de la EXXON, la Chevron o la Shell?

Nuestros competidores pulen la bandeja de plata en la que les entregamos nuestras riquezas.

“Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados Unidos –dice la tesis de las becas Fullbright- toma a algunos de sus jóvenes en edad impresionable; adoctrínalos en las escuelas del Ivy League; regrésalo a su país y asegúrate de que los nombren Secretarios de Estado, para que desde el púlpito de su ministerio, implementen, con el fanatismo y la ceguera de un dogma religioso, el evangelio según Uncle Sam.

En 1990 John Williamson, economista del Banco Mundial elevó este evangelio según Uncle Sam a nivel de sagrada escritura, en un documento que tituló El Consenso de Washington.  Este prescribía las condiciones que una red de instituciones financieras internacionales  (el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la International Finance Corporation y otras), establecerían para otorgar créditos a los países en desarrollo.  Estas instituciones, claro está, son financiadas a su vez por los gobiernos de los países industrializados, que llegan al poder con los donativos de campaña de sus grandes corporaciones, destacando entre ellas las petroleras trasnacionales.  Entre las condiciones de los créditos, figuraban en primerísimos lugares la eliminación de subsidios y la privatización de los servicios y los negocios públicos, y entre ellos, el más jugoso de todos: el petróleo.

En el documento del Banco Mundial titulado: “Creando las Bases para el crecimiento equitativo de México, 2006-2012”, entregado a nuestro gobierno unas semanas antes del envío de las iniciativas del 2008, se dice en lo relativo a energía que: “aunque la condición de PEMEX como monopolio de Estado está garantizada en la Constitución, sería necesario encontrar alguna forma de asociarse con otras compañías para realizar actividades de exploración que eviten problemas de seguridad energética en el futuro y generen incentivos al trabajo eficiente en el sector. Petróleos Mexicanos carece de recursos técnicos y financieros para realizar actividades de exploración más intensas”.

Una pregunta clave es ¿A quiénes beneficiaban las medidas prescritas en el Consenso de Washington? ¿A los países que pedían los créditos o a las corporaciones de los gobiernos que los financiaban?  En 2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que por cada mil millones de dólares que ese país contribuía a los bancos internacionales de desarrollo, las trasnacionales americanas recibían más de dos mil millones de dólares en contratos en los países subdesarrollados.[1]  En 1992 Davidson Budhoo, un ex economista del Fondo Monetario Internacional, en un acto de contrición declaró que las “condiciones impuestas por estas instituciones no buscaban mejorar las condiciones de los países en desarrollo, sino satisfacer las necesidades económicas de los países industrializados”. [2]

Fue bajo estas presiones internacionales que muchísimos países empezaron a cederle el jugoso negocio del petróleo a las petroleras privadas.  Como describiré más adelante, todos estos esfuerzos les reportaron nefastas consecuencias, por lo que en los últimos años todos ellos (Argelia, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Kazakhstan, Venezuela, por citar sólo algunos) han instrumentado costosísimas medidas para renacionalizar las industrias petroleras privatizadas; para renegociar los términos de los contratos celebrados; y/o para elevar los impuestos y regalías cobradas a las petroleras privadas, topándose siempre con el poderío económico de éstas y el de sus gobiernos, que se resisten a capa y espada a devolver un ápice de los regalos obtenidos bajo la presión internacional.

Fue esta presión internacional la que llevó a México a privatizaciones de triste memoria, como la Bancaria, y a episodios negros, como el FOBAPROA.  En el ramo del petróleo, el nacionalismo de la mayoría de los mexicanos transformado en opinión pública, defendió con todo el Artículo 27 de nuestra Constitución.  Ante esto, nuestros gobernantes, lejos de acatar la voluntad popular, iniciaron una privatización disfrazada, simulada, silenciosa, traidora y cobarde. Petróleos Mexicanos se dividió en cuatro subsidiarias con el objetivo ulterior de venderlas una por una, iniciando con la petroquímica básica, luego con el gas natural, siguiendo con la refinación y culminando la entrega del patrimonio nacional, con la cesión de la renta petrolera.

A principios de los noventa, se dio el primer esfuerzo privatizador con la intención de vender los complejos petroquímicos de PEMEX.  Este esfuerzo se volvió a topar con el nacionalismo de la opinión popular que lo impidió.  Ante esto, nuestros gobernantes lejos de cumplir con el deber fiduciario que tiene cualquier administrador, y cuales niños emberrinchados ante la falta de satisfacción de su capricho, condenaron a la petroquímica básica a la inanición, privándola de la inversión que su mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo requerían.

A mediados de los noventa, los esfuerzos privatizadores voltearon sus caras al gas natural, en un embate de cabildeo legislativo que exigía la apertura del mercado del gas y la privatización de la CFE y que estaba liderado por la hoy tristemente célebre ENRON.  Otra vez el nacionalismo de la opinión popular impidió los cambios constitucionales que la venta de CFE requería, ante lo que nuestros gobernantes volvieron a traicionar al pueblo con una privatización disfrazada y escondida bajo la figura de los productores independientes de electricidad.  ¿Cómo se puede argumentar que el Sector Eléctrico no se ha privatizado, cuando hoy más del 35% de la electricidad para el servicio público la generan las grandes trasnacionales privadas?

Dado que siguiendo los caprichos de Banco Mundial, nuestros gobernantes habían ya cedido el diseño de las estrategias eléctricas a las grandes corporaciones, en el caso del gas natural y la electricidad a ENRON, empezamos a generar electricidad no con lo que nos convenía generarla (agua, viento, sol, combustóleo), sino con lo que a ENRON le convenía vender: gas natural.  En vista de que la apertura del sector eléctrico venía aparejada de la entrega a manos privadas del negocio de gas natural, los altos mandos en PEMEX volvieron a faltar a su deber fiduciario y limitaron las inversiones en materia de gas, dando como resultado un status quo preocupante: la importación masiva de gas natural comprado de las grandes trasnacionales y los cuellos de botella que su transporte implica por la falta de inversión de PEMEX en gasoductos.

Pero sin duda de las privatizaciones simuladas, la más dañina y traicionera es la de la renta petrolera.    Nos engañaríamos si simulamos que la discusión de hoy en día es sobre si empezamos a otorgar concesiones y contratos en los que se comparta la renta petrolera, los llamados contratos de riesgo. Estos ya se han venido celebrando en forma inconstitucional y por tanto ilegal –y sin riesgo para las empresas-, bajo denominaciones eufemísticas como la de contratos de servicios múltiples o contratos incentivados.  Seamos claros de una vez por todas en lo que la Constitución permite y en lo que prohíbe en el área del petróleo.  Permite los contratos de servicios, esto es, los contratos en los que la contraprestación se cubre con dinero, pagando al contratista el costo del servicio y una utilidad razonable, pero que no le comparte la renta petrolera ligando su pago al éxito de la explotación.  La Constitución prohíbe las concesiones, aún disfrazadas de contratos, o sea, cuando la contraprestación va ligada a la cantidad del petróleo que se extraiga o al valor comercial de éste.

En este sentido, cualquier contrato que implique un pago por barril extraído –así sea un centavo-, que aumente la contraprestación del contratista en función de la cantidad de petróleo que se extraiga, resulta inconstitucional.  Los contratos incentivados que ha venido celebrando PEMEX, implican el pago por ésta de teóricamente el 75% de los costos de extracción del contratista -y los de  Chicontepec el 100%- y luego le otorgan una cuota por barril, haciéndolo, sin duda alguna, partícipe del éxito de la explotación.

Estos contratos por tanto, son verdaderas concesiones celebradas en total contravención del texto constitucional.  Tienen además, el defecto de ser una invitación abierta a la corrupción.  Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción.  Aun cuando –utópicamente- no hubiera corrupción, resulta imposible para una empresa que no está explotando el yacimiento supervisar que los reembolsos por el 75% o el 100%, no son en realidad por un múltiplo muy superior.  Nóminas infladas, materiales y trabajadores inexistentes, jornadas diarias de 36 horas, automóviles de lujo cobrados como coches utilitarios, maquinaria e insumos de segunda cobrados como de lujo, son sólo algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional que hacen de cualquier contrato basado en la recuperación de costos nada menos que casos de robo en despoblado.  El ejemplo del yacimiento Kashagan en Kasakhstan, resulta un caso ilustrativo de esta problemática.  Yo preguntaría ¿Alguien se ha tomado la molestia de analizar los resultados que han dado hasta ahora los contratos incentivados de PEMEX?  ¿Saben, señores Senadores, señores Diputados, a cuánto asciende el reembolso del teóricamente 75% de los gastos?  ¿Ya exigieron cuentas de lo que se ha recibido a cambio?

Los países que durante la implementación del Consenso de Washington abrieron sus industrias petroleras, se arrepintieron y están pagando caro su error.  Pero por lo menos ellos tienen la excusa, además de la presión internacional, de la falta de experiencias internacionales previas y de un escenario de precios del orden de los 20 dólares/barril, haciendo la alternativa privatizadora menos aberrante que ahora.  ¿Qué excusa tenemos nosotros, cuando el barril se cotiza en US$100.00 dólares y cuando tenemos el ejemplo de los que ya se equivocaron y ahora pagan cara la enmienda de su equivocación?

En efecto, la más mínima revisión de la experiencia internacional reciente, es el mejor argumento para descartar cualquier esfuerzo privatizador.  Veamos, aunque sea a vuelo de pájaro, algunas de estas experiencias.

Iniciemos con el niño modelo del que presumen los privatizadores: PETROBRAS.  “Brasil abrió su industria y ahora tiene a PETROBRAS que es una empresa muy eficiente”, gritan los apologistas del libre mercado.  Aceptándolo sin conceder, premisa cuestionable  que mi argumento no requiere cuestionar, la pregunta no sólo es si PETROBRAS es eficiente, sino ¿para quién es eficiente?

Como todas las petroleras privadas, PETROBRAS genera muchas utilidades, para sus accionistas, a quienes es más fácil encontrar en lujosos penthouses del Upper West Side de Manhattan, que en las favelas de Sao Paulo o de Río de Janeiro.   Dándose cuenta de la gran disparidad de lo que se quedaban en Brasil (10% en un principio) y las utilidades que iban a dar fuera, en 2007, al descubrirse los yacimientos del pre-sal, no se le concesionaron directamente a PETROBRAS.  Se creó una empresa 100% estatal: PETROSAL y se instrumentó un mecanismo que llevó en el 2010 al gobierno brasileño de Lula, a elevar de 39% a 48% la participación del Estado en PETROBRAS.  Esto es, el gobierno brasileño ha decidido comprar acciones de la empresa, re-nacionalizar parte de ella, para mitigar la sangría que a Brasil le ha significado la cesión de la renta petrolera a los accionistas extranjeros de PETROBRAS.   Hace unos meses nos visitó el Ing. Siqueira, Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, y nos advirtió con claridad: “no vayan a abrir su sector petrolero a la inversión privada, nuestra experiencia es fatídica”.

Hace dos semanas, vino a México Ildo Luis Sauer Director de Petrobras Gas y Energía de 2003 a 2007, y dijo entre muchas cosas: “Cuando la IP extrae crudo, baja la renta petrolera para el Estado”; “En Brasil, la apertura no fue benéfica y ahora empieza a restatizar su industria petrolera”; “La disputa geopolítica por el petróleo es la verdadera causa para acelerar el acceso al Golfo de México”; ”Las trasnacionales tienen fuerza para dominar el sistema político y el económico”; “Una vez que sacas a los leones de las jaulas, ellos entran en el sistema y tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema político y económico, para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos a través de cabilderos, que son los que están en los Congresos y en los Palacios”; “A la serpiente hay que matarla si es posible en el huevo, antes de su nacimiento, porque su destino es envenenarte”.

Pasemos a otro ejemplo estrella de los privatizadores: STATOIL.  El caso noruego es quizá el más alejado de los esfuerzos privatizadores mexicanos.  Antes de los sesenta, Noruega no contaba con una industria petrolera.  Cuando en 69 se descubrieron grandes yacimientos, los noruegos atinadamente se dieron cuenta de que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte y que con su propia tecnología fuera capaz, no sólo de desarrollar sus campos, sino competir en la industria internacional.  Ante la falta de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino la transferencia tecnológica.  Se asociaron con las grandes trasnacionales, pero bajo reglas que exigían un alto contenido nacional.  Por cada ingeniero de las trasnacionales, debía haber por lo menos dos de la empresa noruega.  Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo.  Cuán diferente de los contratos incentivados mexicanos en donde además de cubrir sus costos, compartimos las utilidades con quienes hacen lo que según nuestros “malinchistas” e ignorantes gobernantes, nosotros no podemos, y sin la más mínima posibilidad de recibir tecnología.

El sábado 7 de septiembre, en el periódico “Reforma”, Hejge Ryggvik, investigador del Centro de Tecnología, Innovación y Cultura de la Universidad de Oslo y antiguo funcionario de Statoil, autor de importantes libros sobre la industria petrolera noruega, decía en Bruselas, que el modelo Noruego tiene mucho que agradecerle al ex Presidente mexicano Lázaro Cárdenas que inspiró el modelo petrolero más admirado en la actualidad. “México que carece de tecnología pero posee el control de los recursos, tiene varias opciones. Una de ellas es hacer lo que las trasnacionales quieren, dejarlas entrar para apoderarse de toda la partida, lo que sería un error histórico, ya que el poder tecnológico no está en manos de las petroleras, sino de la industria de suministro”. “México no debe renunciar al control del petróleo y compartir la renta”. Señaló que lo ideal para México, es trabajar con las compañías proveedoras de la tecnología que requiere la industria nacional. La Reforma debe dirigirse a enseñarle a Pemex a trabajar con los proveedores, señaló.

Analicemos lo que ha pasado en otros países de nuestro continente.  Bolivia, por ejemplo, cedió a las presiones del Banco Mundial y durante los noventas concesionó  la explotación de sus yacimientos petroleros.  Para 2005, y no obstante que  las inversiones de los contratistas privados había quedado ya totalmente amortizadas, éstos recibían el 82% de la producción de los yacimientos y el estado Boliviano una regalía del 18%.  Esta situación se convirtió en insostenible;  en mayo de 2005, Bolivia decidió implementar un nuevo impuesto directo a los hidrocarburos que, en efecto, reducía la participación de las petroleras privadas al 50% de la producción.  Estas no lo aceptaron, llevando al gobierno de Bolivia a renacionalizar la industria en el año de 2006.

El caso de Venezuela también resulta de interés.  La ley petrolera de 1975, establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos de riesgo.  Únicamente se permitían los de servicio.  Tal como aquí, funcionarios venezolanos se dieron a la tarea de disfrazar como contratos de servicios lo que eran en realidad concesiones.  Un artículo de agosto de 2010 del Oxford EnergyForum, describe los contratos celebrados por estos funcionarios en los siguientes términos:

Los contratos de servicios venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicios.  Cedieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones.  De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y, en promedio, se llevaban más de la mitad de la producción.  En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía.  Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran “proveedores de servicios”, argüían que la tasa de impuesto sobre la renta que les correspondía era la de 34%, aplicable a las personas que no se dedican a la producción de petróleo, en vez de la tasa de 50%, aplicable a los productores de petróleo.[3]

 

El pago de más del 50% del valor de la producción a las petroleras internacionales bajo estos “contratos de servicios”, tampoco pudo ser mantenida en Venezuela.  En abril de 2005, el gobierno venezolano exigió la migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las petroleras privadas y que no estuvo exenta de grandes tensiones internacionales y, en algunos casos, de costosos litigios ante tribunales arbitrales.

Ecuador no corrió con mejor suerte.  Veamos el caso de Occidental. A finales de los 90 Ecuador celebró varios contratos de ganancias compartidas en los que los contratistas asumían todos los costos de la explotación pero recibían el 70% de la producción. El cambio en escenarios de precios generó un desequilibrio contractual en el que las ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables.  Occidental era uno se estos contratistas que, además, había incumplido los términos de su contrato cediendo sus derechos bajo el mismo sin la autorización del gobierno ecuatoriano.  La Ley de Hidrocarburos le daba a Ecuador derecho a rescindir el contrato y así lo hizo, ante lo cual Occidental inició un arbitraje internacional.    Los árbitros encontraron que aunque Occidental había incumplido la Ley de Ecuador, esta, en su opinión no era justa y condenaron a Ecuador al pago de una indemnización de más de 1,600 millones de dólares.   El litigio se llevó no ante las cortes de Ecuador sino, tal como los prescriben los tratados internacionales celebrados  durante el Consenso de Washington, ante el CIADI, órgano establecido -¡oh sorpresa!- por el Banco Mundial.

Finalmente me interesa referirme al caso del yacimiento Kashagan en Kazakhstan.  Kashagan es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las tres últimas décadas. Es, incluso, más grande que Cantarell.  El gobierno de Kazakhstan celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril, tal como los contratos incentivados.  El artículo del Oxford Energy Forum, describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual en este yacimiento:

A pesar de ser presentadas como un ejemplo típico de alineamiento de interese , la experiencia ha demostrado que  las  disposiciones contractuales basadas en  recuperación de costos son, a menudo, una receta para el desastre, y eso es exactamente lo que pasó en Kashagan.  Los costos totales del proyecto se  incrementaron más de 100 mil millones de dólares, y la producción, originalmente programada para iniciar en 2005 o 2006, ahora está programada para el 2012.  El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1.5 millones de barriles por día, el estado tan sólo hubiera recibido un “gran” total de 2% del petróleo producido durante, por lo menos, la primera década de producción…[4]

 

Evidentemente, la situación de Kashagan era insostenible, por lo que el gobierno de Kazakhstan tuvo que implementar medidas para terminar con el contrato, con las tensiones internacionales y procesos jurídicos que esto conlleva.

Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, en su reciente visita a México expresó: “No dejen entrar a las petroleras trasnacionales, son unas tramposas, en Alaska, se robaron el petróleo, declarando menos de lo que explotaban”.

La experiencia internacional es, como se puede apreciar, elocuente y confirma que México no es el único país en el que el “el diablo” escrituró veneros de hidrocarburos.  De todos los países a los que nos hemos referido, quizá el único que salió bien librado en su trato con las grandes petroleras internacionales fue Noruega, quien entendió que la única forma de sobrevivir era contando con una industria petrolera propia y tecnológicamente avanzada.

Los países que peor suerte corrieron, fueron los que le dejaron su industria petrolera a las  empresas internacionales mediante contratos de utilidad compartida, bajo fórmulas basadas en recuperación de costos.

Es por lo anterior que mi pesimismo se convirtió en fatalismo cuando leí la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos recientemente presentada.  Curiosos documento en el  que más allá de presentar un nuevo régimen fiscal para Pemex, se introduce el régimen de contratos que pretende implementar el Ejecutivo Federal.   En efecto, esta ley establece para Pemex un régimen dual: le podrán encargar áreas petroleras mediante dos instrumentos distintos:  la Asignación o el Contrato de Utilidad Compartida.   No se necesita mucha sagacidad para inferir que lo que se está tratando de implementar es un régimen de asignaciones exclusivamente para Pemex y uno de Contratos de Utilidad Compartida, en los que podrán participar tanto Pemex como las petroleras privadas.

Es así que bajo la mexicanísima técnica de se lo digo a Chana para que lo escuche Juana, se describen como funcionarán los Contratos de Utilidad Compartida en relación con Pemex, infiriéndose que igualmente funcionarán para los privados.  El esquema contractual previsto, es exactamente el mismo que provocó las tragedias en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Kazakhstan, etc., a las que nos hemos referido anteriormente.  Se le asignará un área a Pemex o al privado, que explorará y explotará a su discreción.  Cuando el área comience a producir, se le cubrirán primero todos sus “costos”.  Si después de eso alcanza, Pemex o el privado recibirá una utilidad determinada.   Si después de eso alcanza, el estado recibirá ciertas utilidades y regalías.   ¿Qué pasa si el precio de la producción sólo permite que después de los “costos” y la utilidad del privado las utilidades del Estado sean raquíticas o nulas? Pues el Estado sólo recibirá utilidades y regalías raquíticas o nulas.   Es exactamente la fórmula que llevó en Kashagan a “que en el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1.5 millones de barriles por día, el estado tan sólo hubiera recibido un “gran” total de 2% del petróleo producido durante, por lo menos, la primera década de producción”.

La siguiente es una transcripción  literal de un párrafo de la exposición de motivos de la iniciativa en comento, con una única edición.   Me he permitido sustituir la palabra Pemex por el nombre de una petrolera internacional.  He escogido aleatoriamente el nombre Chevron.  Fuera de este cambio la cita es textual y si mi inferencia de que el régimen de Contratos de Utilidad Compartida será aplicable por igual a Pemex y a las petroleras privadas es correcta, ésta nos debe resultar aterradora:

Con esta nueva estructura se garantiza que, en la medida que exista producción, Chevron recuperará la totalidad de los gastos, costos y las inversiones que se registren para el contrato.  Asimismo, se establece un límite expresado como porcentaje de los ingresos brutos generados por el contrato cada periodo, a los costos, gastos e inversiones que formarán parte de la contraprestación de Chevron.  Como ya se mencionó, este límite, a diferencia del límite de costos del régimen actual, se encarga de modular la velocidad con la que se recuperan las inversiones, mas no restringe el reconocimiento total de costos en el tiempo.

 

En resumen,  le vamos a pagar (aunque en ciertos casos en forma diferida) a Chevron todos los “costos” que registre, así se coma todo el precio de la producción.

A las deficiencias innatas de la estructura contractual elegida hay que agregar el uso ilógico que se le quiere dar.  Se nos ha dicho que estos contratos le serán adjudicados a las petroleras extranjeras para explotar aguas profundas, ya que la tecnología que se requiere para esto es muy avanzada y nosotros no la tenemos.  Es cierto que la tecnología que requiere la explotación en aguas profundas es tecnología de punta.  Por lo mismo, este tipo de explotación es, hoy en día, extraordinariamente cara.  Mientras que el costo de extracción en un yacimiento convencional puede ser de alrededor de 10 dólares por barril, el costo de extracción de un barril en aguas profundas actualmente es de alrededor 60 dólares.

Es por esto que en los países desarrollados la extracción en aguas profundas todavía es menor.  En los Estados Unidos, en la zona del golfo, la extracción de aguas profundas apenas rebasa los 100,000 barriles diarios.  Es claro que lo que están haciendo las petroleras internacionales en este momento en aguas profundas tiene más que ver con el desarrollo de la tecnología que con la maximización del valor de la producción.  Por eso, resulta cuestionable que mientras allá se extrae apenas lo suficiente de aguas profundas para desarrollar la tecnología y se guardan esas reservas para ser explotadas cuando la tecnología sea más barata, aquí estemos hablando de millones de barriles.  ¿De veras vamos a darles nuestras reservas a las extranjeras internacionales para que perfeccionen su tecnología a un costo de extracción de 60 dólares el barril que nosotros vamos a cubrir, para que ellas después puedan extraer en otros lados el petróleo de aguas profundas a un costo mucho menor?

Ahora juntemos estas dos situaciones, las deficiencias innatas del modelo contractual y el uso ilógico que se le quiere dar, e imaginemos cómo funcionará el modelo que propone la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos en el caso de una explotación en aguas profundas por una empresa privada.  Tomemos como base un costo promedio de extracción de 60 dólares por barril, y que ante la imposibilidad de supervisarla la petrolera privada en cuestión no abusa demasiado y sólo “infla” ese costo un 20%.  Esto nos lleva a un “costo de extracción” de 72 dólares por barril.  Ahora imaginemos que la utilidad que exigen estas petroleras para firmar el contrato, tomando en cuenta las fuertes inversiones que se requieren y los altos riesgos asociados con la explotación en aguas profundas es del 20%, es decir, 14.4 dólares por barril, que sumados a los 72 dólares de “costos” nos dan 86.40 dólares por barril.  Si imaginamos un escenario de precios con el barril a 100 dólares, bajo este contrato le pagaríamos a la empresa privada 86.40 dólares y el Estado Mexicano sólo recibiría 13.60 dólares por barril.  Claramente se trata de la implementación de uno de los aspectos más malévolos de la globalización: exigir que los países en vías de desarrollo subsidien el desarrollo tecnológico de los países más ricos.

Es por todos estos argumentos que mantengo la firme convicción de que si bien una reforma energética es, en efecto, necesaria, esta no esta no es  que ofrece el Presidente de la República que busca esencialmente

(i) Entregar a la inversión privada el crecimiento de la industria corriente hacia abajo, desde la refinación y crear un mercado eléctrico que en otros países ha demostrado su ineficacia y perversidad, en beneficio de la inversión privada.

(ii) permitir, a través de contratos de riesgo, de utilidades compartidas, incentivados, de servicios múltiples y de alianzas, el acceso de la iniciativa privada a la exploración y producción de hidrocarburos y con ello, a  una parte sustantiva de la renta petrolera.

(iii) la legitimación de la generación de energía eléctrica por los productores independientes, claramente inconstitucional y,

iiii)  facultar al Presidente, con una patente de corso, para que haga y deshaga -sobre todo deshaga-, cuanto le venga en gana con nuestro petróleo y el sector energético, asignando discrecionalmente concesiones disfrazadas de contratos.

En suma, degradar al Sector Energético de Estratégico a Prioritario, y hacer de él, en lugar de una palanca de desarrollo nacional, un negocio entre particulares y funcionarios públicos, al dar facultades específicas al Ejecutivo para suscribir los contratos por asignación directa, discrecional  e incluso, confidencial, o sea, compartir la renta petrolera en beneficio de los poderosos de siempre -de aquí y de allá y más de allá que de aquí-  y en detrimento de todos los mexicanos, dueños legítimos del recurso.

Está bastante claro lo que se persigue.

La reforma que exige el interés nacional,  tiene los siguientes objetivos:

1.- Establecer una estrategia nacional de energía, integral, que tenga como prioridad la seguridad energética de la Nación en el largo plazo. Esto significa, entre otras cosas,  la transición energética y el uso racional de los recursos naturales no renovables, la optimización de su uso en función de las necesidades nacionales, las nuestras, no las de otras naciones.  Esto es contradictorio con los intereses del sector privado, para cuyas inversiones buscan la mayor rentabilidad en el plazo más breve, y de los intereses de otros gobiernos, como el de Estados Unidos, que se “reserva” sus reservas, presionándonos para elevar nuestra producción y saciar su sed de hidrocarburos.

2.-  Fortalecer a PEMEX, restablecer el nivel que un día tuvo el Instituto Mexicano del Petróleo, volver a invertir en nuestras capacidades de ingeniería, apoyar  al desarrollo científico y tecnológico del Sector, para  podernos sentar a negociar de tú a tú con todos los jugadores de la industria.  Es falso el argumento de que la tecnología no es accesible si no compartimos la renta petrolera con quienes la poseen. La tecnología está disponible y tenemos la capacidad para asimilarla y desarrollarla.

 

Hay además, un importante grupo de compatriotas altamente capacitados en todas las áreas de la industria petrolera, tanto en la paraestatal como en el sector académico, en las jubilaciones prematuras  y en empresas privadas a donde los ha llevado la inconsistencia y la perversidad de las políticas públicas, que conocen la verdad de todos los pasos de la industria, de las condiciones de nuestras reservas, las formas de optimizar la producción, los tiempos y formas para la búsqueda de nuevos yacimientos, para la adquisición de las tecnologías necesarias para la industria y para la formación del personal requerido, en suma, capaces de atender las necesidades actuales y futuras de nuestra industria fundamental, sin necesidad de compartir una sola molécula de nuestros hidrocarburos, ni entregar parte de los beneficios de la industria a la participación privada.

Y sobre, todo es nuestro el petróleo y somos nosotros los que debemos poner las reglas del juego y no aceptar las que nos imponen.

3.- En lo económico, no tenemos porqué compartir la renta petrolera, cuyo dueño es la Nación, que mucho la necesita. No tenemos porqué ofrecer una parte del espléndido negocio que nos ofreció la naturaleza, y que podemos y debemos manejar nosotros. Es falso también el argumento de que no tenemos dinero.  Tenemos los hidrocarburos, para cuya exploración y explotación razonable existen créditos y mecanismos financieros, habida cuenta de la alta rentabilidad de los procesos de producción, refinación y venta de los productos petrolíferos y petroquímicos. Para que las compañías privadas obtengan los créditos que requieren para venir  “a ayudarnos”, es que se busca, en acercamientos secretos y vergonzantes, la aceptación de la SEC para incorporar las reservas o lo que llaman “el interés económico de los contratos, en los Estados Financieros de las empresas contratadas”.

 

Debemos sí, reformar la situación fiscal de Pemex y CFE para que, fuera del Presupuesto de la Federación, estén en capacidad autónoma de gestión y manejo de sus recursos, cuidando que no sea sólo otra maquinación para su futura desincorporación.

4.-En lo ético, hay que limpiarlo de corrupción e ineficiencia, tanto del lastre de sus Sindicatos, como de las élites voraces de políticos e industriales inescrupulosos, que en la corrupción y la connivencia encuentran su modus vivendi y enriquecen desmedidamente. Trabajar, a partir de ahora, con honestidad, inteligencia, eficiencia, capacidad profesional, planeación, supervisión adecuada y patriotismo.

Establecer un verdadero sistema de transparencia y rendición de cuentas, con observadores ciudadanos., y

5.- Respetar a ultranza, el espíritu y la letra de la Constitución, como exige el estado de Derecho y el verdadero Pacto Nacional, que ese sí, es por México.

Todo esto debe y puede lograrse con modificaciones operativas y en la legislación secundaria, sin alterar la letra y sobre todo, el espíritu de los Artículos 27 y 28 de la Constitución, como se propone.

Estoy persuadido y todas las encuestas de opinión lo ratifican, que la inmensa mayoría de los mexicanos está en contra de la reforma Energética del Gobierno, y aunque este tenga el voto suficiente de la mayoría de los representantes populares –que por lo visto ni representan e nadie, ni son populares- para aprobar su Ley, sin reglamento, claro,  que ahí se pretenderá dar la puntilla a la soberanía y al patrimonio de la Nación. Ya el Conde de Romanones expresaba: “Hagan la Ley, que yo haré el Reglamento”.

Una vez más, los intereses hegemónicos atacan, en esta ocasión con gran virulencia y sin ningún escrúpulo, y ahora apoyados por muchos que no hace tanto, antes de que modificaran por consigna sus Estatutos partidarios, defendían al Sector Energético con la famosa y vibrante frase del Presidente López Mateos :  “En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás”; y que hoy, disfrazados como salvadores de la República, como “abiertas mentes modernizadoras” y como “los héroes que moverán a México”, satanizan, a falta de argumentos, a quienes nos mantenemos con los mismos principios, calificándonos como trasnochados cobijados  en “falsos nacionalismos”, seguramente considerando que los “nacionalismos verdaderos” son los que ven por las otras naciones y llegan al extremo, con argumentos falaces y actitudes ignominiosas, de dar la paternidad de su propuesta al General Lázaro Cárdenas.

Hoy nos encontramos, una  vez  más -porque hay un hilo conductor que no se ha roto desde hace décadas-, nos encontramos, repito, en la cresta de esa ola privatizadora que no cesa en su intento de destruir nuestras defensas soberanas y apoderarse de nuestros recursos.

No debemos soslayar que con la apertura del sector a la inversión privada, sea extranjera directa o a través de interpósita persona –recuerden la Banca y recorran la historia de México-, se abre la entrada a los gobiernos imperiales a los asuntos internos de la Nación, se cede la Soberanía.

Si no, y antes de concluir, recordemos en un párrafo -síntesis personal de una parte de un artículo de Lorenzo Meyer-, las presiones de las potencias internacionales a que hemos estado sujetos por el tema del Petróleo:

Las conocimos con Porfirio Díaz quien hubo de acomodar las leyes para dar “seguridad a la inversión extranjera” –palabras que hoy se repiten-, para que los inversionistas fueran dueños de los recursos.  Se actuó contra Madero y su impuesto del timbre. Se ejercieron presiones severas contra Carranza, quien había establecido en el 27 Constitucional la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, impidiéndole reglamentarlo. Las sufrió Obregón con los “Acuerdos de Bucareli”. Las sintió Calles en un nuevo  intento de reglamentar el 27 y las padeció Lázaro Cárdenas que decidió en actitud valiente, visionaria y soberana, nacionalizar la industria petrolera ante la presión convertida en arrogancia y prepotencia. Las presiones continuaron con Alemán que autorizó “contratos de riesgo”, mismos que fueron cancelados por López Mateos.”

Generaciones anteriores han resistido los embates de las potencias extranjeras en su afán de quedarse con nuestro petróleo.  La nuestra deberá hacer lo propio para poder decir, con Guadalupe Victoria: “Gloriaos, mexicanos, de la parte tan considerable y rica que os ha tocado en los negocios del universo” y para tratar de vencer la fatídica lacra, que  Francisco Zarco sentenciaba diciendo: “Hay no sé qué ritmo trágico en la historia de México que hace perder a los aptos y honrados en beneficio de los ineptos y ladrones”.

 

Porque si por éstos antes perdimos la mitad del suelo que “nos había tocado en esos negocios del universo” no podemos ahora aceptar la amenaza de entregar buena parte de la riqueza de nuestro subsuelo.