Desde antes de eso, se han instrumentado en forma maquiavélica, políticas públicas destinadas a desmantelar las capacidades nacionales, principalmente en los organismos públicos, Pemex, CFE, Comunicaciones y Transportes, Recursos Hidráulicos, con decisiones que, fundadas en la convicción de las autoridades en la falta de talento nacional, en una incapacidad innata para resolver nuestros propios problemas y en la necesidad de recurrir a otros para hacerlo, no hacen sino beneficiar a las empresas extranjeras.

En 1997, al recibir el grado de honor de la Academia Mexicana de Ingeniería, presenté un trabajo titulado El Futuro de México sin Ingeniería Mexicana.  En él, hacía yo una pregunta fundamental ¿Qué puede hacer una nación, sin ingeniería propia? Y daba una respuesta que hoy se confirma correcta: seguramente otra vez, cambiar vidrios y espejos por los frutos de nuestras entrañas, aunque ya no usemos penachos, ni obtengamos nuestros títulos y grados en el Calmécac.

No hemos aprendido –decía-, una lección fundamental: la autodeterminación tecnológica es cuestión de supervivencia nacional.  La moderna tecnología de la dependencia es crear la dependencia de la tecnología.

Antes se invadían territorios, hoy se apropian industrias y mercados. En esta guerra de conquista que hoy llamamos competencia, nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros contendientes o han aceptado sumisamente de ellos, el diseño  de nuestras estrategias. ¿Qué diferencia hay entre el conquistador que empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro oro en el nombre del Rey, y el ejecutivo de la trasnacional que armado con una presentación de McKinsey viene a buscar la cesión de la renta petrolera en favor de la EXXON, la Chevron o la Shell?

Nuestros competidores pulen la bandeja de plata en la que les entregamos nuestras riquezas. “Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados Unidos –dice la tesis de las becas Fullbright- toma a algunos de sus jóvenes en edad impresionable; adoctrínalos en las escuelas del Ivy League; regrésalo a su país y asegúrate de que los nombren Secretarios de Estado, para que desde el púlpito de su ministerio, implementen, con el fanatismo y la ceguera de un dogma religioso, el evangelio según Uncle Sam.

En 1990 John Williamson, economista del Banco Mundial elevó este evangelio según Uncle Sam a nivel de sagrada escritura, en un documento que tituló El Consenso de Washington.  Este prescribía las condiciones que una red de instituciones financieras internacionales  (el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la International Finance Corporation y otras), establecerían para otorgar créditos a los países en desarrollo.  Estas instituciones, claro está, son financiadas a su vez por los gobiernos de los países industrializados, que llegan al poder con los donativos de campaña de sus grandes corporaciones, destacando entre ellas las petroleras trasnacionales.  Entre las condiciones de los créditos, figuraban en primerísimos lugares la eliminación de subsidios y la privatización de los servicios y los negocios públicos, y entre ellos, el más jugoso de todos: el petróleo.

Una pregunta clave es ¿A quiénes beneficiaban las medidas prescritas en el Consenso de Washington? ¿A los países que pedían los créditos o a las corporaciones de los gobiernos que los financiaban?  En 2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que por cada mil millones de dólares que ese país contribuía a los bancos internacionales de desarrollo, las trasnacionales americanas recibían más de dos mil millones de dólares en contratos en los países subdesarrollados.[1]  En 1992 Davidson Budhoo, un ex economista del Fondo Monetario Internacional, en un acto de contrición declaró que las “condiciones impuestas por estas instituciones no buscaban mejorar las condiciones de los países en desarrollo, sino satisfacer las necesidades económicas de los países industrializados”.[2]

Fue bajo estas presiones internacionales que muchísimos países empezaron a cederle el jugoso negocio del petróleo a las petroleras privadas.  Como describiré más adelante, todos estos esfuerzos les reportaron nefastas consecuencias, por lo que en los últimos años todos ellos (Argelia, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Kazakhstan, Venezuela, por citar sólo algunos) han instrumentado costosísimas medidas para renacionalizar las industrias petroleras privatizadas; para renegociar los términos de los contratos celebrados; y/o para elevar los impuestos y regalías cobradas a las petroleras privadas, topándose siempre con el poderío económico de éstas y el de sus gobiernos, que se resisten a capa y espada a devolver un ápice de los regalos obtenidos bajo la presión internacional.

Fue esta presión internacional la que llevó a México a privatizaciones de triste memoria, como la Bancaria, y a episodios negros, como el FOBAPROA.  En el ramo del petróleo, el nacionalismo de la mayoría de los mexicanos transformado en opinión pública, defendió con todo el Artículo 27 de nuestra Constitución.  Ante esto nuestros gobernantes, lejos de acatar la voluntad popular, iniciaron una privatización disfrazada, simulada, silenciosa, traidora y cobarde. Petróleos  Mexicanos se dividió en cuatro subsidiarias con el objeto de venderlas una por una, iniciando con la petroquímica básica, luego con el gas natural, siguiendo con la refinación y culminando la entrega del patrimonio nacional, con la cesión de la renta petrolera.

A principios de los noventa, se dio el primer esfuerzo privatizador con la intención de vender los complejos petroquímicos de PEMEX.  Este esfuerzo se volvió a topar con el nacionalismo de la opinión popular que lo impidió.  Ante esto, nuestros gobernantes lejos de cumplir con el deber fiduciario que tiene cualquier administrador, y cuales niños emberrinchados ante la falta de satisfacción de su capricho, condenaron a la petroquímica básica a la inanición, privándola de la inversión que su mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo requerían.

A mediados de los noventa, los esfuerzos privatizadores voltearon sus caras al gas natural, en un embate de cabildeo legislativo que exigía la apertura del mercado del gas y la privatización de la CFE y que estaba liderado por la hoy tristemente célebre ENRON.  Otra vez el nacionalismo de la opinión popular impidió los cambios constitucionales que la venta de CFE requería, ante lo que nuestros gobernantes volvieron a traicionar al pueblo con una privatización disfrazada y escondida bajo la figura de los productores independientes de electricidad. ¿Cómo se puede argumentar que el Sector Eléctrico no se ha privatizado, cuando hoy más del 50% de la electricidad para el servicio público la generan las grandes trasnacionales privadas?

Dado que siguiendo los caprichos de Banco Mundial, nuestros gobernantes habían ya cedido el diseño de las estrategias eléctricas a las grandes corporaciones, en el caso del gas natural y la electricidad a ENRON, empezamos a generar electricidad no con lo que nos convenía generarla (agua, viento, sol, combustóleo), sino con lo que a ENRON le convenía vender: gas natural.  En vista de que la apertura del sector eléctrico venía aparejada de la entrega a manos privadas del negocio de gas natural, los altos mandos en PEMEX volvieron a faltar a su deber fiduciario y limitaron las inversiones en materia de gas, dando como resultado un status quo preocupante: la importación masiva de gas natural comprado de las grandes trasnacionales y los cuellos de botella que su transporte implica por la falta de inversión de PEMEX en gasoductos.

Pero sin duda de las privatizaciones simuladas, la más dañina y traicionera es la de la renta petrolera.    Nos engañaríamos si simulamos que la discusión de hoy en día es sobre si empezamos a otorgar concesiones y contratos en los que se comparta la renta petrolera, los llamados contratos de riesgo. Estos ya se han venido celebrando en forma inconstitucional y por tanto ilegal –y sin riesgo para las empresas-, bajo denominaciones eufemísticas como la de contratos de servicios múltiples o contratos incentivados.  Seamos claros de una vez por todas en lo que la Constitución permite y en lo que prohíbe en el área del petróleo.  Permite los contratos de servicios, esto es, los contratos en los que la contraprestación se cubre con dinero, pagando al contratista el costo del servicio y una utilidad razonable, pero que no le comparte la renta petrolera ligando su pago al éxito de la explotación.  La Constitución prohíbe las concesiones, aún disfrazadas de contratos, o sea, cuando la contraprestación va ligada a la cantidad del petróleo que se extraiga o al valor comercial de éste.

En este sentido, cualquier contrato que implique un pago por barril extraído –así sea un centavo-, que aumente la contraprestación del contratista en función de la cantidad de petróleo que se extraiga, resulta inconstitucional.  Los contratos incentivados que ha venido celebrando PEMEX, implican el pago por ésta de teóricamente el 75% de los costos de extracción del contratista -y los de la semana pasada en Chicontepec el 100%- y luego le otorgan una cuota por barril, haciéndolo, sin duda alguna, partícipe del éxito de la explotación.

Estos contratos por tanto, son verdaderas concesiones celebradas en total contravención del texto constitucional.  Tienen además, el defecto de ser una invitación abierta a la corrupción.  Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción.  Aun cuando utópicamente no hubiera corrupción, resulta imposible para una empresa que no está explotando el yacimiento supervisar que los reembolsos por el 75% o el 100%, no son en realidad por un múltiplo muy superior  Nóminas infladas, materiales y trabajadores inexistentes, jornadas diarias de 36 horas, automóviles de lujo cobrados como coches utilitarios, maquinaria e insumos de segunda cobrados como de lujo, son sólo algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional que hacen de cualquier contrato basado en la recuperación de costos nada menos que casos de robo en despoblado.  El ejemplo del yacimiento Kashagan en Kasakhstan, resulta un caso ilustrativo de esta problemática.  Yo preguntaría señores Diputados ¿Ya se tomaron la molestia de analizar los resultados que han dado hasta ahora los contratos incentivados de PEMEX?  ¿Saben a cuánto asciende el reembolso de los teóricamente 75% de gastos?  ¿Ya exigieron cuentas de lo que se ha recibido a cambio?

Los países que durante la implementación del Consenso de Washington abrieron sus industrias petroleras se arrepintieron y están pagando caro su error.  Pero por lo menos ellos tienen la excusa, además de la presión internacional, de la falta de experiencias internacionales previas y de un escenario de precios de alrededor de los 20 dólares/barril, haciendo la alternativa privatizadora menos aberrante que ahora.  ¿Qué excusa tenemos nosotros, cuando el barril se cotiza en US$100.00 dólares y cuando tenemos el ejemplo de los que ya se equivocaron y ahora pagan cara la enmienda de su equivocación?

En efecto, la más mínima revisión de la experiencia internacional reciente, es el mejor argumento para descartar cualquier esfuerzo privatizador. Veamos, aunque sea a vuelo de pájaro, algunas de estas experiencias.

Iniciemos con el niño modelo del que presumen los privatizadores: PETROBRAS.  “Brasil abrió su industria y ahora tiene a PETROBRAS que es una empresa muy eficiente”, gritan los apologistas del libre mercado.  Aceptándolo sin conceder, premisa cuestionable  que mi argumento no requiere cuestionar, la pregunta no sólo es si PETROBRAS es eficiente, sino ¿para quién es eficiente?

Como todas las petroleras privadas, PETROBRAS genera muchas utilidades, para sus accionistas, a quienes es más fácil encontrar en lujosos penthouses del Upper West Side de Manhattan, que en las favelas de Sao Paulo o de Río de Janeiro.   Dándose cuenta de la gran disparidad de lo que se quedaban en Brasil (10% en un principio) y las utilidades que iban a dar fuera, en 2007, al descubrirse los yacimientos del pre-sal, no se le concesionaron directamente a PETROBRAS.  Se creó una empresa 100% estatal: PETROSAL y se instrumentó un mecanismo que llevó en el 2010 al gobierno brasileño de Lula, a elevar de 39% a 48% la participación del Estado en PETROBRAS.  Esto es, el gobierno brasileño ha decidido comprar acciones de la empresa, re-nacionalizar parte de ella, para mitigar la sangría que a Brasil le ha significado la cesión de la renta petrolera a los accionistas extranjeros de PETROBRAS.

Pasemos a otro ejemplo estrella de los privatizadores: STATOIL.  El caso noruego es quizá el más alejado de los esfuerzos privatizadores mexicanos.  Antes de los sesenta, Noruega no contaba con una industria petrolera.  Cuando en 69 se descubrieron grandes yacimientos, los noruegos atinadamente se dieron cuenta de que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte y que con su propia tecnología fuera capaz, no sólo de desarrollar sus campos, sino competir en la industria internacional.  Ante la falta de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino la transferencia tecnológica.  Se asociaron con las grandes trasnacionales, pero bajo reglas que exigían un alto contenido nacional.  Por cada ingeniero de las trasnacionales, debía haber por lo menos dos de la empresa noruega.  Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo.  Cuán diferente de los contratos incentivados mexicanos en donde además de cubrir sus costos, compartimos las utilidades con quienes hacen lo que según nuestros “malinchistas” e ignorantes gobernantes, nosotros no podemos, y sin la más mínima posibilidad de recibir tecnología.

Analicemos lo que ha pasado en países de nuestro continente.  Bolivia, por ejemplo, cedió a las presiones del Banco Mundial y durante los noventas concesionó  la explotación de sus yacimientos petroleros.  Para 2005, y no obstante que  las inversiones de los contratistas privados había quedado ya totalmente amortizadas, éstos recibían el 82% de la producción de los yacimientos y el estado Boliviano una regalía del 18%.  Esta situación se convirtió en insostenible;  en mayo de 2005, Bolivia decidió implementar un nuevo impuesto directo a los hidrocarburos que, en efecto, reducía la participación de las petroleras privadas al 50% de la producción.  Estas no lo aceptaron, llevando al gobierno de Bolivia a renacionalizar la industria en el año de 2006.

El caso de Venezuela también resulta de interés.  La ley petrolera de 1975, establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos de riesgo.  Únicamente se permitían los de servicio.  Tal como aquí, funcionarios venezolanos se dieron a la tarea de disfrazar como contratos de servicios lo que eran en realidad concesiones.  Un artículo de agosto de 2010 del Oxford Energy Forum, describe los contratos celebrados por estos funcionarios en los siguientes términos:

Los contratos de servicios venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicios.  Cedieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones.  De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y, en promedio, se llevaban más de la mitad de la producción.  En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía.  Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran “proveedores de servicios”, argüían que la tasa de impuesto sobre la renta que les correspondía era la de 34%, aplicable a las personas que no se dedican a la producción de petróleo, en vez de la tasa de 50%, aplicable a los productores de petróleo.[3]

El pago de más del 50% del valor de la producción a las petroleras internacionales bajo estos “contratos de servicios”, tampoco pudo ser mantenida en Venezuela.  En abril de 2005, el gobierno venezolano exigió la migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las petroleras privadas y que no estuvo exenta de grandes tensiones internacionales y, en algunos casos, de costosos litigios ante tribunales arbitrales.

Ecuador no corrió con mejor suerte.  Veamos el caso de Occidental. A finales de los 90 Ecuador celebró varios contratos de ganancias compartidas en los que los contratistas asumían todos los costos de la explotación pero recibían el 70% de la producción. El cambio en escenarios de precios generó un desequilibrio contractual en el que las ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables.  Occidental era uno se estos contratistas que, además, había incumplido los términos de su contrato cediendo sus derechos bajo el mismo sin la autorización del gobierno ecuatoriano.  La Ley de Hidrocarburos le daba a Ecuador derecho a rescindir el contrato y así lo hizo, ante lo cualOccidental inició un arbitraje internacional.    Los árbitros encontraron que aunqueOccidental había incumplido la Ley de Ecuador, esta, en su opinión no era justa y condenaron a Ecuador al pago de una indemnización de más de 1,600 millones de dólares.   El litigio se llevó no ante las cortes de Ecuador sino, tal como los prescriben los tratados internacionales celebrados  durante el Consenso de Washington, ante el CIADI, órgano establecido -¡oh sorpresa!- por el Banco Mundial.

Finalmente me interesa referirme al caso del yacimiento Kashagan en Kazakhstan, por las similitudes entre el contrato de este yacimiento y los contratos incentivados celebrados por PEMEX.  Kashagan es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las tres últimas décadas. Es, incluso, más grande que Cantarell.  El gobierno de Kazakhstan celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril, tal como los contratos incentivados.  El artículo del Oxford Energy Forum, describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual en este yacimiento:

A pesar de ser presentadas como un ejemplo típico de alineamiento de interese , la experiencia ha demostrado que  las  disposiciones contractuales basadas en  recuperación de costos son, a menudo, una receta para el desastre, y eso es exactamente lo que pasó en Kashagan.  Los costos totales del proyecto se  incrementaron más de 100 mil millones de dólares, y la producción, originalmente programada para iniciar en 2005 o 2006, ahora está programada para el 2012.  El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1.5 millones de barriles por día, el estado tan sólo hubiera recibido un “gran” total de 2% del petróleo producido durante, por lo menos, la primera década de producción…[4]

Evidentemente, la situación de Kashagan era insostenible, por lo que el gobierno de Kazakhstan tuvo que implementar medidas para terminar con el contrato, con las tensiones internacionales y procesos jurídicos que esto conlleva.

La experiencia internacional es, como se puede apreciar, elocuente y confirma que México no es el único país en el que el “el diablo” escrituró veneros de hidrocarburos.  De todos los países a los que nos hemos referido, quizá el único que salió bien librado en su trato con las grandes petroleras internacionales fue Noruega, quien entendió que la única forma de sobrevivir era contando con una industria petrolera propia y tecnológicamente avanzada.

Es por esto que mantengo la firme convicción de que una reforma energética es, en efecto, necesaria.  Pero no la que ofrece el Presidente de la República en sus discursos en el extranjero o como la que se deriva de los puntos del Pacto por México y que buscan principalmente (i) : Entregar a la inversión privada el crecimiento de la industria corriente hacia abajo, desde la refinación, y (ii) permitir, a través de contratos de riesgo, incentivados, de servicios múltiples y de alianzas, el acceso de la iniciativa privada a la exploración y producción y con ello, a  una parte sustantiva de la renta petrolera.  La reforma que yo planteo tiene los siguientes objetivos:

1. Establecer una estrategia nacional de energía, integral, que tenga como prioridad la seguridad energética de la Nación en el largo plazo. Esto significa, entre otras cosas,  el uso racional de los recursos naturales no renovables y la optimización de su uso en función de las necesidades nacionales, las nuestras, no las de otras naciones.  Esto es contradictorio con los intereses del sector privado, para cuyas inversiones buscan la mayor rentabilidad en el plazo más breve, y de los intereses de otros gobiernos, como el de Estados Unidos, que se “reserva” sus reservas, presionándonos para elevar nuestra producción y saciar su sed de hidrocarburos.
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2. Fortalecer a PEMEX, restablecer el nivel que un día tuvo el Instituto Mexicano del Petróleo, volver a invertir en nuestras capacidades de ingeniería, apoyar  al desarrollo científico y tecnológico del Sector, para  podernos sentar a negociar de tú a tú con todos los jugadores de la industria.  Es falso el argumento de que la tecnología no es accesible si no compartimos la renta petrolera con quienes la poseen. La tecnología está disponible y tenemos la capacidad para asimilarla y desarrollarla. Pero sobre, todo es nuestro el petróleo y somos nosotros los que debemos poner las reglas del juego, no aceptar las que nos imponen.
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3. En lo económico, no tenemos porqué compartir la renta petrolera, cuyo dueño es la Nación, que mucho la necesita. No tenemos porqué ofrecer una parte del espléndido negocio que nos ofreció la naturaleza, y que podemos y debemos manejar solos. Es falso también el argumento de que no tenemos dinero.  Lo negamos señalando que tenemos los hidrocarburos, para cuya exploración y explotación razonable existen créditos y mecanismos financieros, habida cuenta de la alta rentabilidad de los procesos de producción, refinación y venta de los productos petrolíferos y petroquímicos. Debemos sí, reformar la situación de Pemex para que, fuera del Presupuesto de la Federación, esté en capacidad autónoma de gestión y manejo de sus recursos.
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4. En lo ético, hay que limpiarlo de corrupción e ineficiencia, tanto de su Sindicato lastre como de las élites voraces de políticos e industriales inescrupulosos, que en la corrupción y la connivencia encuentran su modus vivendi y enriquecen desmedidamente. Trabajar, a partir de ahora, con honestidad, inteligencia, eficiencia, capacidad profesional, planeación, supervisión adecuada y patriotismo. Establecer un verdadero sistema de transparencia y rendición de cuentas, con observadores ciudadanos., y
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5. Respetar a ultranza, el espíritu y la letra de la Constitución, como exige el estado de Derecho y el verdadero Pacto Nacional, que ese sí, es por México.

Una vez más, los intereses hegemónicos atacan, en esta ocasión con gran virulencia y sin ningún escrúpulo, y ahora apoyados por muchos que no hace tanto, sólo por sus intereses personales, defendían al Sector Energético con la frase estentórea y vibrante de López Mateos de:  “En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás”; y que hoy, disfrazados como salvadores de la República y como “abiertas mentes modernizadoras”, satanizan, a falta de argumentos, a quienes nos mantenemos con los mismos principios, calificándonos como trasnochados cobijados  en “falsos nacionalismos”, seguramente considerando que los “nacionalismos verdaderos” son los que ven por las otras naciones.

Hoy nos encontramos, y no digo nuevamente, sino otra vez -porque hay un hilo conductor que no se ha roto desde hace décadas-, nos encontramos, repito, en la cresta de esa ola privatizadora que no cesa en su intento de destruir nuestras defensas soberanas y apoderarse de nuestros recursos.

No debemos soslayar que con la apertura del sector a la inversión privada, sea extranjera directa o a través de interpósita persona –recuerden la Banca y recorran la historia de México-, se abre la entrada a los gobiernos imperiales a los asuntos internos de la Nación, se cede la Soberanía.

Si no, y para concluir, recordemos en un párrafo, síntesis personal de una parte de un artículo de Lorenzo Meyer, en el que nos subraya las presiones de las potencias internacionales a que hemos estado sujetos por el tema del Petróleo.

Las tuvimos con Porfirio Díaz quien hubo de acomodar las leyes para dar “seguridad a la inversión extranjera” –palabras que hoy se repiten-, para que los inversionistas fueran dueños de los recursos.  Se actuó contra Madero y su impuesto del timbre. Se ejerció presión severa contra Carranza, quien había establecido en el 27 Constitucional la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, impidiéndole reglamentarlo. Las sufrió Obregón con los “Acuerdos de Bucareli”. La sintió Calles en un nuevo  intento de reglamentar el 27 y la padeció Lázaro Cárdenas que decidió en actitud valiente, visionaria y soberana, nacionalizar la industria petrolera ante la presión convertida en arrogancia y prepotencia. La presión continuó con Alemán que autorizó “contratos de riesgo”, mismos que fueron cancelados por López Mateos.”

Generaciones anteriores han resistido los embates de las potencias extranjeras en su afán de quedarse con nuestro petróleo.  La nuestra deberá hacer lo propio para poder decir, con Guadalupe Victoria: “Gloriaos, mexicanos, de la parte tan considerable y rica que os ha tocado en los negocios del universo” y para tratar de vencer la fatídica lacra, que  Francisco Zarco sentenciaba diciendo: “Hay no sé qué ritmo trágico en la historia de México que hace perder a los aptos y honrados en beneficio de los ineptos y ladrones”.

Porque si por éstos antes perdimos la mitad del suelo que “nos había tocado en esos negocios del universo” no podemos ahora aceptarles la amenaza de entregar buena parte de la riqueza de nuestro subsuelo.

Muchas gracias.

Javier Jiménez Espriú

Julio 18 de 2013.