Los Contratos Incentivados de Pemex

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó hace unos días la nueva forma de contratación para la exploración y la producción de hidrocarburos: los  llamados contratos incentivados o contratos de servicios integrados, que ahora resultaron peores que los Contratos de Servicios Múltiples, ya que, suponen, están de entrada legalizados por los reglamentos que surgieron de la “Reforma Energética” del 2008.

Para mayor “certeza” de los promotores del nuevo atentado, dicen que la Suprema Corte de Justicia avaló dichos contratos, con el dictamen dado a conocer la semana pasada, sobre el artículo 62 del reglamento correspondiente a la facultad del Consejo de Administración de PEMEX,  para conocer y aprobar en su caso, las nuevas modalidades de contratación, que lo declara constitucional.

Independientemente de comulgar o no con la opinión de la SCJN –yo coincido con la que expone el Maestro Bernardo Bátiz en “”La Jornada” del lunes 6 de diciembre-, su dictamen se refiere a la facultad del Consejo para aprobar o no los modelos de contratación y no a la validez de los contratos aprobados por el Consejo de Administración. Varios Ministros manifestaron que “si el Consejo de Administración va más allá de las prohibiciones legales en sus contratos…, eso será  un problema de aplicación indebida del reglamento, litigable por separado, pero no del reglamento mismo”. Y eso es precisamente lo que sucede con los contratos propuestos.

Es interesante el documento del Consejero Profesional de Pemex, Rogelio Gasca Neri, publicado el domingo 5 de diciembre en el periódico “Reforma”, como “Voto Razonado”, en el que expone su punto de vista sobre la inconveniencia de las modalidades aprobadas, que, independientemente de la complicación sobre la asignación de los contratos –que se convierte en absoluta sencillez para otorgarlos a quien se desee- y el control de los mismos, los considera contrarios al interés de Pemex, en lo que coincido plenamente. No menos interesante resulta leer el artículo de Alberto Barranco, en el periódico “El Universal” del 2 de diciembre pasado que se refiere a contratos semejantes en otros países a los cuales también se refiere el Consejero Gasca, artículo titulado, con sensibilidad visionaria, “Receta para el Desastre”.

Tengo en mi poder un documento  síntesis de PEMEX sobre las modalidades aprobadas en el Consejo, en el que sin mayores tapujos, se indica en una página titulada “Elementos Clave del Contrato”, lo siguiente:

Propiedad: Reservas y Producción propiedad de México.

Alcance: Evaluación/Exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en el bloque. (Es decir, ¡absolutamente todo! Pemex se convierte en firmón, claudica de sus obligaciones constitucionales.)

Pago: TARIFA POR BARRIL MÁS RECUPERACIÓN DE COSTOS, SUJETO AL FLUJO DISPONIBLE DEL BLOQUE.

Plazo: Hasta 25 años. (Veinticinco años cobrando una cuota por barril producido, NADA MÁS).

Obligación mínima de trabajo: Predefinida

Adjudicación: La menor tarifa por barril (licitación pública internacional).

No se requiere mayor explicación, para entender que se trata ya ni siquiera de un “contrato de riesgo”, porque el contratista no arriesga nada, sino de un contrato en el que el contratista obtendrá una remuneración por barril, esto es, participará de la producción, por sólo veinticinco años, además de la cobertura de sus costos.

Seguramente los Consejeros y los operadores de estos contratos, son conscientes de que han ido mucho más allá de lo que establece la Constitución, que la modalidad propuesta es definitivamente anticonstitucional, y que tienen ambos, severas responsabilidades frente a la Nación, al entregar parte del patrimonio nacional a los contratistas. Por su parte estos deben saber que quien participe en estas licitaciones, “se estará metiendo en camisa de once varas”.

Estos contratos así planteados serán, como lo han mencionado algunos de los Ministros, sujetos de litigios por separado. Y ahí si se trata de contratos de muy alto riesgo, no en lo referente a la terminología petrolera, sino por las graves consecuencias administrativas y penales para los involucrados.

Cuando asumió la Presidencia de la República el Lic. Calderón, al ofrecer “entrega total”, algunos mexicanos de buena fe, optimistas, seguramente se imaginaron algo muy distinto a la entrega total que estamos constatando y sufriendo.

 

Javier Jiménez Espriú

Diciembre 6 de 2010

jimenezespriu@prodigy.net.mx

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