“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan… y si no lo hiciere así, que la Nación me lo demande.” Con esas palabras se inicia la gestión de los presidentes de la República Mexicana, aunque su elección se haya dado haiga sido como haiga sido.

Sin embargo, estas palabras se han vuelto cada vez más un ritual hueco y sin sentido y cada vez menos un compromiso cabal ante el pueblo, sin que éste, en una especie de martirologio inexorable, tenga otra reacción más allá del qué podemos hacer o el ya ni modo que tantas limitantes han significado para nuestro desarrollo como nación independiente y soberana, para nuestro crecimiento ciudadano.

Una y otra vez, los mandatarios, que debieran cumplir con lo que el pueblo manda, asumen la posición de dueños de la patria, ignorando a los ciudadanos e imponiendo las normas que les vienen en gana o las que les mandan de más allá.

Con la misma letanía, los representantes populares, que son cada vez menos representantes y menos populares, se burlan de los principios republicanos y sólo obedecen la voz del amo.

Hoy nos encontramos frente a un nuevo atentado contra la Constitución de parte quienes protestaron acatarla, encabezado por el Ejecutivo y apoyado por quienes en las cámaras –no así en las recámaras–, han manifestado ya su disciplinada sumisión, pero ahora en un asunto de gravísima importancia: la modificación de los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, esenciales para nuestra seguridad energética, para nuestra seguridad nacional y por ende para nuestra soberanía.

Públicamente, algunos de los protagonistas del atentado han expresado que están dispuestos a pagar el costo político que sea, para sacar adelante la reforma energética propuesta por el Presidente. Se expondrán a lo que sea, con tal de acatar la voz del amo.

Reitero lo que he escrito en repetidas ocasiones: qué penosa es la muestra de sometimiento, de subordinación, de sumisión, de servilismo, de abyección, al que están sujetos quienes prefieren la comodidad de la servidumbre recompensada, a la lucha por la libertad de manifestación y de conciencia y a la defensa de los intereses nacionales.

La ignominia antes que la renuncia, decían los científicos porfiristas hace más de 100 años, y hoy lo asumen como lamentable eco histórico los neoporfiristas de la actualidad, los que aceptan volver a entregar a las nuevas trasnacionales petroleras, resultado de las fusiones incestuosas de las siete hermanas, los veneros de petróleo mexicanos, con una reforma que un destacado académico universitario –cuyo nombre me reservo porque no tengo su autorización para hacerlo público, pero que lo haré si me autoriza– ha calificado de “ataque a las vías generales de comunicación… neuronal”.

Pero la ignominia, si esa reforma llegara a consumarse, no quedará, como tantas veces, perdida en algún escrito que no vuelva a leerse ni sólo en la memoria de algunos que se empolvará con el paso el tiempo, y quienes participen en su consumación no quedarán bajo resguardo, en las sombras de un anonimato protector.

Aceptada la propuesta que la mañana del 6 de octubre de 2013 hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la gran asamblea popular contra la reforma energética del gobierno, los nombres de todos los que la suscriban deberán quedar grabados, en letras negras de color petróleo, en un gran muro que deberá señalar, escultórica o espiritualmente la enhiesta figura del general Cárdenas, con el dedo flamígero de la historia.

Si están dispuestos a pagar el precio político que sea para hacer válidos los contratos con las trasnacionales petroleras y la entrega del sector energético, esto podrá ser el enganche.

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