El pasado 26 de febrero y el 2 de marzo, se propuso en el Senado de la República un “Punto de Acuerdo” exhortando al Titular del Poder Ejecutivo Federal “para que los nombramientos que se realicen en la planta directiva de Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias se ajusten a criterios de calidad profesional, experiencia y perfil técnico necesarios de acuerdo con el proceso de modernización y transparencia que se impulsa para el organismo y para la industria de hidrocarburos”.
Se solicita también “la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos, Dr. Juan José Suárez Coppel para que explique los procedimientos que implican nombramientos y designaciones en Petróleos Mexicanos, atendiendo los señalamientos realizados en contra de procesos y candidatos que no benefician en nada a la institución y que perjudican el sano desarrollo de la empresa, de su propia normatividad y de sus prácticas internas”.
Termina la propuesta del “Punto de Acuerdo” así: “El Senado de la República realiza un severo extrañamiento al Titular del Poder Ejecutivo por el nombramiento supuestamente realizado a favor de Mario Ávila Lizárraga como Sub Director de la Región Marina Sureste de PEMEX Exploración y Producción –de donde se obtiene el 65% del crudo nacional-, mismo que no ha sido realizado con base en consideraciones eminentemente técnicas, de eficiencia y superación de los enormes retos que tiene que superar la industria de los hidrocarburos en el país; solicitando de inmediato se revoque el mismo si ya se hubiera dado”.
Obviamente, estoy más que de acuerdo con el “Punto de Acuerdo” propuesto. Según se sabe, los antecedentes profesionales del Sr. Ávila, se limitan a la venta de automóviles –dice el Senador Labastida que desconoce si Chrysler o GM- y los políticos, a que se trata de la persona que impulsó fallidamente la familia de Juan Camilo Mouriño como candidato al Gobierno de Campeche.
Desde luego este no es un caso excepcional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, ha llevado a cabo la sustitución de ingenieros y técnicos y encargados de los Centros SCT en los Estados de la República, por “distinguidos panistas” carentes de los conocimientos necesarios, como ha sucedido también en la Comisión Nacional del Agua; en el propio PEMEX, los nombramientos se suceden en todos los niveles, sin fundamento alguno; larga es la lista en todos los confines del gobierno; ¿quién podría explicar la designación de la mayor parte de los miembros del Gabinete, con otro argumento distinto a: “es facultad del Presidente”?
No hay que olvidar que el Jefe del Ejecutivo -independientemente de su evidente actuar como jefe de su Partido-, ha manifestado que él prefiere pagar el costo de la ineficiencia que el de la deslealtad, sin considerar, como debiera el Jefe del Estado, que se refiere a la probable deslealtad hacia él y que él pagaría ya se sabe cómo y en cambio, como expresa con acierto Soledad Loaeza, el costo de la ineficiencia gubernamental lo pagamos todos los mexicanos.
Debemos subrayar también que el “empanizamiento” del sector público tiene una correlación directa con esos puestos a los que se refiere la abominable expresión popular de “a mí ponme dónde haya”.
Espero que la propuesta del “Punto de Acuerdo” del Senado de la República se cristalice y tenga consecuencias en beneficio de los mexicanos y que la conclusión de estas prácticas no vaya a terminar en un segundo tomo de “Camisas Azules y Manos Negras” con que nos obsequie dentro de algún tiempo Ana Luisa Pérez, o algún otro escritor que nos obligue a conformarnos con el desahogo que ofrece la libertad de expresión ejercida por algún valiente.
Javier Jiménez Espriú
jimenezespriú@prodigy.net.mx
Marzo 5 de 2010
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