La ley electoral, como una buena parte de las leyes en nuestro país, parece diseñada para legalizar la impunidad. Los supuestos para impugnar una elección o solicitar su nulidad son tales, que aun antes de plantearla, las voces indican que no se podrá lograr de manera alguna. Que es arar en el mar. Palo dado, ni Dios lo quita, pareciera ser la sentencia pre-vista. Veremos.

El Presidente de la República “se preocupa por la compra de votos”, es inadmisible, dice, pero se admite; el del PAN señala que esta compra se dio de manera obvia, pero que no es suficiente para anular una elección; el candidato del PRI, en un acto de cinismo superlativo, señala que la acusación es un “montaje” y que él “sería el primero” – siempre dice que “sería el primero” -después de que lo instruye Videgaray-, en reprobar esa práctica corrupta, y hoy plantea, con el mismo cinismo, la integración de una Comisión anti corrupción, con la que desde luego habrá “conflicto de intereses” porque en ella sería “juez y parte”. ¡Ya ni la burla perdona!

Las pruebas de la serie de “presuntos” delitos electorales, independientemente de las “in fraganti” que saturan las redes sociales con fotografías, videos y declaraciones, serán analizadas por el TRIFE, a solicitud de parte, el que deberá pronunciarse a más tardar el 6 de septiembre, aunque ya lo hizo su Presidente, al  señalar que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas –aunque estas estén llenas de votos comprados, de “tamales”, de frutos “del carrusel” y de todas las trapacerías posibles y no digo inimaginables, porque todos las imaginamos, es más, las sabemos.

Seguramente la averiguación de muchas de  las impugnaciones –caso Soriana y las adquisiciones de despensas de los Gobiernos; el asunto Monex y las empresas apócrifas que suministraron los fondos de las cuentas correspondientes, el presunto lavado de dinero, etc.- podrían, pensarán en el Tribunal, dar algunos resultados dentro de varios meses, bastante después de que el TRIFE haya designado Presidente Electo –¡las averiguaciones son muy complejas!-. ¡Que se le va a hacer!, así son los tiempos que marca la ley y así es la ley que marca nuestros tiempos. No hay sino recordar cuándo se calificó al Presidente Fox como violador de la ley electoral y de la Constitución, en contra de López Obrador en 2006, lo que “influyó en el resultado de la elección”, se dijo, pero era “a toro pasado”, ya  tarde para cualquier remedio y menos para sanción alguna al ilustre Presidente. Y así pasaron 6 años. Pero no podemos permitir que vuelva a pasar.

Sí, en México, la Justicia no sólo es ciega, sino palaciega, aunque a veces –IFES, TRIFES y jueces aparte, normalmente quedan aparte porque son parte- no se “acuerde” en Palacio, sino en Los Pinos.

López Obrador sabe bien todo esto, es ciertamente uno de los mexicanos que más ha padecido en carne propia “la injusticia de nuestra justicia”. Impugna esta elección, en primer término porque tiene derecho y porque uno de sus postulados de campaña ha sido el que “la paz es fruto de la justicia”, y es congruente y necesario buscarla por todos los medios legales. Porque es importante para el mejor futuro de México, que se ataque la corrupción en todas sus formas, desde todas las atalayas. Porque es necesario lograr el imperio de la verdad, porque tenemos que superar la práctica del engaño y de la manipulación y es conveniente señalar el papel que ha jugado y cómo lo ha jugado, cada protagonista.

No vale y de esto deben responsabilizarse las instituciones integradas para ello, que quienes han hecho de este proceso electoral una lamentable compra de la dignidad de los más necesitados, que han violado con descaro inaudito las normas establecidas –topes de campaña, encuestas manipuladas, financiamientos paralelos de dudosa procedencia, coacción y compra del voto, entre otras cosas- es decir “la versión política de la delincuencia organizada”, se salgan con la suya; que la política envilecida venza a la democracia y sumerja a nuestra Nación en un pozo sin fondo y en un ejemplo lastimoso de desprestigio internacional.

La invalidación de la elección, es un paso necesario para la salud de la República.

“La justicia es ciega”, y aquí…”palaciega”

Javier Jiménez Espriú

Julio 12 de 2012

jimenezespriu@prodigy.net.mx