“Sin maíz, no hay país
Sin petróleos, los santos óleos”
Con la genuflexión de los congresos locales, que acatan sin chistar las órdenes de sus respectivos gobernadores –bendita división de poderes–, quedará consumado el mayor atentado contra el patrimonio de los mexicanos y la soberanía nacional que haya cometido gobierno alguno posterior al movimiento de la Revolución Mexicana. Un grave error histórico. Una infamia.
Todos, como en el Congreso federal, sin leer siquiera, ya no digamos estudiar, el decreto de ley que fue aprobado, lleno de inconsistencias y contradicciones, en una actitud de servilismo y abyección de quienes prefirieron la cómoda sumisión recompensada al ejercicio de la libertad de expresión y de conciencia, aunque su nombre quede grabado con letras negras de color petróleo, en el muro de la ignominia de la historia de México. Es inaudita –y vergonzosa– no sólo la unanimidad en esta polémica Reforma de los parlamentarios del PRI, sino la inexistente manifestación de cuando menos una duda o la tímida actitud de una abstención, frente a lo que se presentaba. ¡Nada!
¡Qué lamentable espectáculo el de nuestra clase política!
Sin el menor recato, sin siquiera el cuidado de las formas e ignorando conscientemente el fondo y la trascendencia del hecho, e ignorando desde luego también, con desprecio total a la opinión de la mayoría del pueblo mexicano, la reacción, empoderada a saco en las cámaras y en el Ejecutivo de la Unión, impuso las normas que a su vez le imponen los jefes de la política mundial –que para algo espían a los candidatos, convirtiéndolos en promotores obligados e incondicionales de sus deseos– y los jerarcas nacionales e internacionales del dinero, su única patria.
Una reforma en sí denigratoria del talento, la identidad y las capacidades nacionales, derrotista –nosotros no podemos, vengan con sus conocimientos y su dinero a resolver nuestros problemas–, surgida de una decisión previa a todo análisis, proveniente de los organismos internacionales y contraria a los intereses de la nación: la apertura indiscriminada del sector energético que propone la entrega de una parte sustantiva de la renta petrolera y la transferencia del desarrollo de la industria de transformación de los hidrocarburos y la de la generación y comercialización de la energía eléctrica a intereses privados, de aquí y de allá.
Una reforma que, como ha acontecido en otras partes del mundo –y de la que hoy muchos países se arrepienten y reconsideran–, lo que está haciendo es pavimentar el camino para la creación de poderosos cárteles mexicanos de tráfico de hidrocarburos, que convertirán a muchos de nuestros ricos en más ricos y a muchos políticos de hoy y del pasado reciente –ya conformados en redes polícromas, advertidas en las redes sociales con nombres y apellidos– en miembros prominentes de la lista de la revista Forbes.
Las promesas, los engaños de que esta reforma nos hará un país más próspero, se crearán cientos de miles de empleos, bajarán los precios de la energía, ya matizados con la prudente advertencia del presidente del PAN de que los resultados se verán no de inmediato, sino tal vez en unos cinco años –lo que queda de este siniestro sexenio y tiempo suficiente para firmar contratos lesivos para la nación pero que seguramente engordarán las cuentas bancarias de los involucrados–, son estrategias para ganar tiempo y formar grupos de poder económico para seguir medrando con el patrimonio nacional y con el poder político.
Quienes vengan a ayudarnos, atraídos por las espléndidas ganancias ofrecidas, no vendrán ciertamente a promover una explotación racional que tenga como premisa fundamental la seguridad energética de México en el mediano y el largo plazos, como debiera ser, sino a explotar nuestros recursos no renovables tanto como sea posible y en el tiempo más corto –mientras ellos se reservan sus reservas–, para lograr las mayores utilidades y satisfacer las expectativas de sus socios. El futuro de México les importa un pepino, como ya ha quedado claro que les importa también a nuestros políticos.
Y vendrán de fuera las grandes empresas con el apoyo total de sus gobiernos a presionar por sus intereses, ya que declaradamente no tienen amigos, sino intereses, cancelando todas las veces que sea necesario y en la forma que se requiera las decisiones soberanas del Estado, como lo han hecho en todo el mundo y como en su momento lo han hecho aquí.
Pero esto, por más festejos que hoy se den en Los Pinos, en los organismos internacionales de desarrollo y en los cuarteles generales de las trasnacionales interesadas y de los empresarios políticos y los políticos empresarios de nuestro país que hoy se frotan las manos con champán, no será miel sobre hojuelas. Muchos mexicanos, convencidos de nuestra responsabilidad como ciudadanos, continuaremos indeclinablemente en una lucha jurídica, política y social, dentro de normas civilizadas y no violentas, hasta re-encauzar el camino del desarrollo y la soberanía de la nación, revirtiendo las modificaciones constitucionales que hoy agreden a México.
No habrá suficientes vallas y granaderos para cercar, como se está haciendo en los congresos donde dizque se debate la reforma, todos los sitios del territorio nacional en los que se manifestarán las voces del pueblo.
Javier Jiménez Espriú
@jimenezespriu
jimenezespriu@prodigy.net.mx
Artículo publicado en La Jornada:
http://www.jornada.unam.mx/2013/12/17/opinion/008a1pol
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